A partir del 3 de septiembre de 2021 no es posible incapacitar a ninguna persona en España y la figura de la tutela desaparece. Todas las sentencias de incapacitación previas deberán
ser revisadas una a una (en el plazo máximo de un año si lo solicitada la personas incapacitada y de tres años si no es ella la que lo solicita) y adaptarse a la situación particular de cada
caso.
Como alternativa, se refuerza la curatela y un sistema de apoyos a la decisión por parte de la persona con discapacidad.
Todos los detalles están en la ley que lo regula, de junio de 2021.