Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre la situación de las personas con enfermedad mental
'La reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado. Por primera vez se entendió los recursos plurales del enfermo mental y se prepararon estructuras y procesos. Hubo un antes y un después, que nadie puede negar. Sin embargo, la implantación progresiva se ha demorado y, hoy, se encuentra casi paralizada por los efectos de la crisis.
La “pandemia de siglo XXI”, como definió la OMS a la enfermedad mental ya está aquí. Y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo.
Y las perspectivas no son mejores. Los anuncios minoran profesionales, retrasan medidas anunciadas, restringen ayudas a las entidades colaboradoras y los recursos de atención desaparecen.
Estos son los retos que debemos superar para atender a un colectivo de enfermos y familiares que lo merecen'.
Son estas las palabras finales de la nota de prensa del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, presentado el 8 de abril ante el Parlamento de Andalucía y en el que revisa, con la seriedad, exhaustividad y visión crítica que caracterizan estos organismos de defensa ciudadana ante las instituciones, la situación de la población andaluza con enfermedad mental. Ojalá tuviésemos un informe así de todas las comunidades autónomas... Es por ello por lo que resulta de consulta obligada para quien quiera profundizar en el estado en que se encuentra la atención a la salud mental en Andalucía (y que, en definitiva, seguro que guarda muchos puntos en común con el resto de comunidades).
Dejamos el informe permanentemente en la sección que en su día abrimos en esta web para las acciones en materia de salud mental desde las oficinas de defensores del pueblo, no sin antes reproducir los déficits encontrados en el informe que hoy comentamos:
- Se percibe un alto grado de estigmatización que dificulta gravemente la integración de estas personas. Las falsas creencias y el miedo lastran nuestra sociedad, ocultando y apartando al enfermo.
- Falta instrumentar jurídicamente a modo de Carta de derechos de la persona con enfermedad mental y cartera de servicios o Estatuto de la persona con enfermedad mental, en orden a reforzar la seguridad jurídica de las personas afectadas y sus familias.
- Se registra una insuficiencia de programas de atención que contemplen una dimensión integral y multidisciplinar de la persona, precisándose actuaciones coordinadas desde el punto de vista sanitario, social, educativo, del empleo, la vivienda y otros.
- En este apartado resulta crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios, el incremento del número de Comunidades Terapéuticas (elemento fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados) y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización.
- Esta insuficiencia destaca en lo que se refiere a estructuras intermedias tales como hospitales o centros de día, talleres, programas de prevención y promoción de la salud y rehabilitación, comunidades terapéuticas, pisos protegidos o viviendas tuteladas, centros ocupacionales, etc.
- Resultan preocupantes las demoras registradas, cuando no la paralización, en el reconocimiento y aprobación de los expedientes de carácter social asociados a la dependencia de estas personas, en tanto en cuanto se ha convertido en la vía principal de acceso a dichos recursos.
- Los casos de pacientes duales confluyen ante dos redes –la de atención a la salud mental y la de atención a las drogodependencias escasamente coordinadas, dificultando la efectividad de la atención que sucesiva o simultáneamente se les preste.
- Por último, la asistencia psiquiátrica en los Centros Penitenciarios andaluces evidencia graves carencias, dada la alta tasa de prevalencia de estas enfermedades en los reclusos. Es urgente impulsar los Convenios firmados entre la Junta de Andalucía (Consejería de Salud y Bienestar Social) e Instituciones Penitencias en esta materia (Convenio Marco de 1992 y Convenio de 1995).
Pliegos del concurso para la privatización ('externalización de la gestión sanitaria') de los hospitales de Madrid
Ya se han hecho públicos los borradores de los pliegos que regulan las condiciones técnicas y administrativas del concurso de 'externalización de la gestión sanitaria' de los hospitales de la Comunidad de Madrid en régimen PFI (consultar, si se desea, otras entradas de este blog sobre este tema). Estos hospitales son:
- Hospital Universitario Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes).
- Hospital Universitario Infanta Leonor (Vallecas).
- Hospital Universitario Infanta Cristina (Parla).
- Hospital Universitario del Henares (Coslada).
- Hospital del Sureste (Arganda del Rey).
- Hospital del Tajo (Aranjuez).
Basta con la lectura del documento resumen para hacernos con las claves de este concurso pero, para quien desee el detalle, también dispone del pliego técnico y del administrativo.
Aprovechamos para actualizar nuestro documento sobre las implicaciones en Salud Mental de la privatización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid.
Aprovechamos para actualizar nuestro documento sobre las implicaciones en Salud Mental de la privatización de servicios sanitarios (hospitalarios y ambulatorios) en la Comunidad de Madrid:
'Ellos se ocultan, el sistema les olvida' (nuevo artículo de El País sobre la atención a la salud mental).
Da la sensación de que son necesarios hechos como el ocurrido en febrero en el Hospital Clínico de Málaga para que los medios de comunicación tengan un motivo para interesarse por la situación de la atención a la salud mental. Artículos que profundicen en este tema (el de la atención a la salud mental), como el que hoy se publica en El País, siempre son bienvenidos, aunque no creemos necesaria su relación con la existencia de actos violentos para que puedan ser editados. Las fotos que acompañan al artículo tampoco ayudan mucho para disminuir esta relación entre enfermedad mental y conducta violenta... Aun con todo, es de agradecer el interés por la situación de la atención a la salud mental, aunque todavía falte por perfeccionar el estilo periodístico al abordarla (a lo que les puede ayudar los instrumentos existentes al respecto, que pueden consultar en la sección de esta misma web).
Y más críticas al DSM-5: Allen Frances (de nuevo), la Declaración del Comité Internacional de Respuesta al DSM-5...
Allen Frances dirigió el grupo de trabajo del DSM-IV... y se ha convertido el azote del DSM-5 (como ya hemos referenciado en otros lugares de esta web). Su última sacudida hace referencia a la inclusión del trastorno de síntoma somático, que rompería la tradicional exclusión de trastornos mentales debidos a "enfermedad médica", abriendo la puerta al diagnóstico psiquiátrico de muchos pacientes con problemas somáticos de salud. En esta quinta edición, desaparecen del DSM los trastornos somatomorfos en favor de la sección "síntomas somáticos y trastornos relacionados", en la que se incluiría el trastorno de síntoma somático. Para Frances, ello supone un claro riesgo de psiquiatrizar trastornos que no son psiquiátricos sino somáticos, con todas las consecuencias yatrogénicas que eso puede conllevar.
La prensa general se ha hecho eco de ello y puede consultarse en los principales diarios (por ejemplo).
El artículo ha sido publicado el 20 de marzo en el British Medical Journal. En su web existe la posibilidad de consultarlo a través de la inscripción a ella en versión de prueba de 7 días.
Ante la inminente publicación del DSM-5 (para el próximo mes de mayo), arrecian estas críticas, de las que otro ejemplo es la del Comité Internacional de Respuesta al DSM-5 (formado, entre otros, por la Asociación Americana de Psicología), que utiliza medios como la Declaración pública de preocupación por la próxima publicación al DSM-5, a la que se ha sumado también, por ejemplo, el Colegio Oficial de Psicólogos.
Informe del estado actual de la prevención en Salud Mental
El Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con FUTUPEMA (Asociación de Fundaciones Tutelares de Personas con Enfemedad Mental Asociadas) han elaborado un informe sobre el estado actual (la edición es de diciembre de 2012) de la prevención en salud mental en España, tema que sigue siendo uno de los más olvidados en la atención a la salud mental de este país y de cualquier otro. Tal vez el capítulo más interesante sea el cuarto, dedicado a la intervención temprana en psicosis.
Dejamos el documento también en nuestra sección de prevención y promoción en Salud Mental.
Borrador del master en Psicología General Sanitaria
En Psicología sólo existe la especialidad de Psicología Clínica (especialidad que se exige para poder incorporarse a los servicios públicos de salud). No hay más. A partir de ahí, la existencia exclusivamente de licenciados/graduados en Psicología y de Psicólogos Clínicos deja fuera a aquellos profesionales de la Psicología que, sin poseer la especialidad, se dedican a la práctica clínica.
Para regularizar esta práctica, fue creada la figura de psicologo general sanitario en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. En ella se dice que será necesario realizar un master universitario que les habilite para realizar una actividad sanitaria. La definición de cómo tiene que ser este master todavía no existe, pero ya existen borradores, como el tercero, fechado a 22 de febrero de 2013, al que puede accederse en este enlace, facilitado desde el blog de la Mesa Galega da Psicoloxía Clínica.
Durante un plazo transitorio de 3 años, mientras no exista este master, se pueden inscribir como centros sanitarios las consultas de psicología cuyos titulares cumplan unos requisitos en virtud del procedimiento en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Sobra decir que, como tantas otras medidas, no está nada exenta de polémica entre defensores (psicólogos sin la especialidad) y detractores (fundamentalmente psicólogos clínicos).
Convenio especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral
Hoy entra en vigor el Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, que regula el convenio especial de Seguridad Social para trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral. Estos trabajadores son personas que, habiendo trabajado o no, posean una discapacidad intelectual o enfermedad mental con discapacidad reconocida igual o mayor del 33%, o una discapacidad física reconocida igual o mayor al 65%. Básicamente consiste en que se les permite cotizar a la Seguridad Social aunque no trabajen, con objeto de poder después tener derecho a una pensión de jubilación (al menos a la mínima). La idea que subyace a esta medida es que, ya que estas personas poseen muchas dificultades para encontrar trabajo, que por lo menos posean un instrumento de cotización que les permita poseer una pensión en el futuro.
Eso sí, se tienen que pagar 189,65 € al mes... (aunque es compatible con el cobro de las pensiones no contributivas que reciben muchas personas con trastornos mentales crónicos).
Dejamos el folleto divulgativo que ha realizado el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).
