'La reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado. Por primera vez se entendió los recursos plurales del enfermo mental y se prepararon estructuras y procesos. Hubo un antes y un después, que nadie puede negar. Sin embargo, la implantación progresiva se ha demorado y, hoy, se encuentra casi paralizada por los efectos de la crisis.
La “pandemia de siglo XXI”, como definió la OMS a la enfermedad mental ya está aquí. Y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo.
Y las perspectivas no son mejores. Los anuncios minoran profesionales, retrasan medidas anunciadas, restringen ayudas a las entidades colaboradoras y los recursos de atención desaparecen.
Estos son los retos que debemos superar para atender a un colectivo de enfermos y familiares que lo merecen'.
Son estas las palabras finales de la nota de prensa del Informe del Defensor del Pueblo Andaluz, presentado el 8 de abril ante el Parlamento de Andalucía y en el que revisa, con la seriedad, exhaustividad y visión crítica que caracterizan estos organismos de defensa ciudadana ante las instituciones, la situación de la población andaluza con enfermedad mental. Ojalá tuviésemos un informe así de todas las comunidades autónomas... Es por ello por lo que resulta de consulta obligada para quien quiera profundizar en el estado en que se encuentra la atención a la salud mental en Andalucía (y que, en definitiva, seguro que guarda muchos puntos en común con el resto de comunidades).
Dejamos el informe permanentemente en la sección que en su día abrimos en esta web para las acciones en materia de salud mental desde las oficinas de defensores del pueblo, no sin antes reproducir los déficits encontrados en el informe que hoy comentamos:
- Se percibe un alto grado de estigmatización que dificulta gravemente la integración de estas personas. Las falsas creencias y el miedo lastran nuestra sociedad, ocultando y apartando al enfermo.
- Falta instrumentar jurídicamente a modo de Carta de derechos de la persona con enfermedad mental y cartera de servicios o Estatuto de la persona con enfermedad mental, en orden a reforzar la seguridad jurídica de las personas afectadas y sus familias.
- Se registra una insuficiencia de programas de atención que contemplen una dimensión integral y multidisciplinar de la persona, precisándose actuaciones coordinadas desde el punto de vista sanitario, social, educativo, del empleo, la vivienda y otros.
- En este apartado resulta crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios, el incremento del número de Comunidades Terapéuticas (elemento fundamental para garantizar la continuidad de los cuidados) y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización.
- Esta insuficiencia destaca en lo que se refiere a estructuras intermedias tales como hospitales o centros de día, talleres, programas de prevención y promoción de la salud y rehabilitación, comunidades terapéuticas, pisos protegidos o viviendas tuteladas, centros ocupacionales, etc.
- Resultan preocupantes las demoras registradas, cuando no la paralización, en el reconocimiento y aprobación de los expedientes de carácter social asociados a la dependencia de estas personas, en tanto en cuanto se ha convertido en la vía principal de acceso a dichos recursos.
- Los casos de pacientes duales confluyen ante dos redes –la de atención a la salud mental y la de atención a las drogodependencias escasamente coordinadas, dificultando la efectividad de la atención que sucesiva o simultáneamente se les preste.
- Por último, la asistencia psiquiátrica en los Centros Penitenciarios andaluces evidencia graves carencias, dada la alta tasa de prevalencia de estas enfermedades en los reclusos. Es urgente impulsar los Convenios firmados entre la Junta de Andalucía (Consejería de Salud y Bienestar Social) e Instituciones Penitencias en esta materia (Convenio Marco de 1992 y Convenio de 1995).
